En una sociedad hiperconectada, donde el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería instantánea o las redes sociales no entienden de horarios ni de fines de semana, el derecho a la desconexión digital ha emergido como una necesidad esencial para preservar la conciliación familiar y el equilibrio entre vida personal y profesional. España, alineada con la tendencia de la Unión Europea, ha sido uno de los países pioneros en legislar este derecho como una garantía frente a los riesgos de la disponibilidad permanente. Pese a que parece que está pasando inadvertido, el reciente proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 6 de mayo, regula con mayor detalle este derecho, considerándolo como un derecho irrenunciable de las personas trabajadoras. Este artículo explica qué implica realmente la desconexión digital, cómo está regulada y si se está cumpliendo en la práctica.