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Guillermo Saura Martínez
Históricamente, la acción popular ha permitido a los ciudadanos intervenir en procesos penales para defender el interés público, siendo una valiosa herramienta contra la impunidad en casos como corrupción política y delitos institucionales. El artículo analiza la reforma de esta institución contenida en la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. A juicio del autor, la nueva reforma introduce restricciones significativas que podrían desnaturalizar la acción popular, limitando el acceso de los ciudadanos a la justicia penal.
