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La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 30 de junio de 2020 en el caso Saquetti Iglesias estableció la aplicación del derecho a la doble instancia judicial en relación con aquellos procesos contencioso-administrativos donde se recurran sanciones que deban ser consideradas de naturaleza penal a efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta doctrina planteaba numerosas preguntas en relación con la regulación actual del recurso de casación contencioso-administrativo, limitado exclusivamente a la revisión de cuestiones jurídicas que presenten interés casacional objetivo. En el año 2021, tres sentencias del Tribunal Supremo español interpretaron cuál sería el encaje de esa doctrina en nuestro sistema, incardinando el derecho a la doble instancia como un supuesto más para la apreciación del interés casacional objetivo. Ahora bien, situaciones posteriores a esas sentencias y, sobre todo, nuevas demandas admitidas a trámite por el TEDH han vuelto a suscitar la gran pregunta: si el sistema contencioso-administrativo español se acomoda o no a esa doctrina y si es necesaria una modificación legal que aclare la cuestión definitivamente.
