El objeto de este estudio se centra en el análisis de las exigencias que establece la nueva Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, enfocada a garantizar la limpieza y la seguridad de estas aguas con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente. Las dificultades de aplicación derivan en buena medida de la necesidad de una mayor financiación para poder hacer frente a las nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración; de la necesidad de reforzar las funciones de inspección y control de la autoridad competente en el cumplimiento de las tareas de depuración de aguas residuales por los operadores de aguas; así también, de la aplicación del principio “quien contamina paga” a través de la responsabilidad ampliada del productor; además de cumplir con el principio de transparencia desde la perspectiva del derecho a la información.