Acceso usuarios
Jorge Agudo González 
La relación entre la política del agua y el urbanismo ha estado siempre marcada por el modo en que la primera puede estar al servicio de otras competencias como las urbanísticas, cuando, al tener por objeto la gestión de un recurso escaso como el agua, podría ser una competencia que condicionase de forma determinante desarrollos urbanísticos que demanden nuevos recursos hídricos. Este estudio abordará esta diatriba desde varias perspectivas.
La primera atenderá a la evolución de los fines principales de la política hidrológica desde un modelo de oferta hasta asumir objetivos fundamentalmente vinculados a la protección de la calidad de las aguas y la biodiversidad que, en el marco de una crisis climática, podrían entrar en conflicto con las necesidades de otras políticas con incidencia territorial como la urbanística.
Por otra parte, el estudio analizará la nefasta política legislativa llevada a cabo por el legislador estatal para ordenar el informe previsto para articular la coordinación entre los planes urbanísticos y la disponibilidad de nuevas demandas de agua. En este sentido, se hará un repaso de la enorme trascendencia que ha tenido el Tribunal Supremo para corregir y suplir la incapacidad ordenadora del legislador.
Para terminar, se abordará la cuestión de la coordinación desde una perspectiva estrictamente jurídico-administrativa en vertientes de tipo formal: la organizativa y la procedimental. Esta última parte será eminentemente propositiva, sugiriendo nuevos mecanismos de coordinación.
