La FRA exige salvaguardias más rigurosas para garantizar que toda la financiación de la UE respete los derechos fundamentales y los valores fundacionales de la UE. También insta a que se tomen medidas para abordar la reducción del espacio y la financiación para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de derecho