Con arreglo a las nuevas normas, sectores como los de medios de comunicación, las materias primas fundamentales y las infraestructuras de transporte estarán sujetos a un control obligatorio por parte de los Estados miembros, con el fin de detectar y abordar los riesgos para la seguridad o el orden público relacionados con la inversión extranjera. La propuesta salió adelante con 378 votos a favor, 173 en contra y 24 abstenciones