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El Tribunal General considera que debe rechazarse la imputación de ilegalidad basada en la violación suficientemente grave de los principios de imparcialidad y neutralidad. De un lado, en el procedimiento nacional controvertido en calidad de amicus curiae se desprende que la Comisión se limitó a exponer objetivamente, por una parte, el alcance de las decisiones controvertidas que había adoptado en 2010 y 2014, relativas a las ayudas estatales concedidas a una empresa, y, por otra parte, las consecuencias jurídicas de un posible incumplimiento de los compromisos asumidos por la República de Letonia
