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Elfia Farida, Rahayu ., Muh. Afif Mahfud
, Kadek Cahya Susila Wibawa, Najla Athisya Ilmy
Este estudio examina la protección de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Indonesia, con énfasis en la filosofía jurídica, los marcos de políticas y los desafíos encontrados en su implementación, incluyendo los métodos no judiciales. Indonesia ha experimentado diversas violaciones significativas de derechos humanos, condicionadas por la dinámica de la violencia política y la inestabilidad social. El marco legal vigente, diseñado para proteger a las víctimas, incluyendo el Tribunal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enfrenta importantes desafíos en su implementación. Estos desafíos surgen de las inconsistencias entre las políticas nacionales y su ejecución sobre el terreno, la superposición de competencias entre diversas instituciones y la insuficiencia de los mecanismos de supervisión. Esta investigación identifica desafíos notables en la resolución extrajudicial, en particular las limitaciones que enfrenta el equipo de resolución extrajudicial creado por el Decreto Presidencial n.º 17 de 2022parabrindar una reparación efectiva a las víctimas. Otras preocupaciones incluyen la recopilación de datos inexactos, las disparidades en la distribución de la asistencia y la insuficiente coordinación entre los organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. El estudio sugiere una clara delimitación entre las entidades ejecutivas y de supervisión, y aboga por una recopilación de datos más estructurada. Se destaca la importancia de la sociedad civil en el seguimiento y la ejecución de las políticas. Una estrategia coordinada y equitativa que priorice la justicia restaurativa y fortalezca los mecanismos extrajudiciales es esencial para mejorar la protección de las víctimas.
This study examines the safeguarding of victims of serious humanrightsviolations in Indonesia, with an emphasis on legal philosophy, policy frameworks, and the challenges encountered in implementation, including non-judicial methods. Indonesia has experienced a variety of significant human rights violations shapedby the dynamics of political violence and social instability. The existinglegal framework designed to protect victims, including the Human Rights Court andtheNational Commission on Human Rights, faces significant challenges inimplementation. These challenges arise from inconsistencies between national policies and their execution in the field, overlapping authority among variousinstitutions, and insufficient oversight mechanisms. This research identifies notablechallenges in non-judicial resolution, particularly the limitations faced by the nonjudicial resolution team created under Presidential Decree No. 17 of 2022indelivering effective redress for victims. Additional concerns encompass thecollection of inaccurate data, disparities in the distribution of assistance, andinsufficient coordination between governmental bodies and civil societyorganizations. The study suggests a distinct delineation between executiveandoversight entities and advocates for more structured data gathering. It emphasizesthe importance of civil society in the monitoring and execution of policies. Acoordinated and equitable strategy that emphasizes restorative justice andenhances non-judicial mechanisms is essential for improving the protectionof victims.
