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Phillips Letelier, Jaime
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Santiago, Chile
Santiago, Chile
Chile es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. El 18,4% de la población total es mayor de 60 años y el 14% de la población de 65 años. El país tiene el desafío de fomentar la participación de las personas mayores en el diseño de políticas, el ámbito productivo y social, considerando también que en 2017 se ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 8° establece el derecho a una participación activa, productiva, plena y efectiva de las personas mayores. Las políticas públicas en materia de participación social tienen una data mayor a 10 años y se hace necesario revisarlas a la luz de la Convención. El presente artículo se propone evaluar las políticas públicas referidas a las personas mayores con una mirada de gobernanza, es decir, que considere la participación del Estado, de actores económicos privados y de asociaciones privadas sin fines de lucro o grupos de interés en la promoción de los derechos humanos y bienestar de las personas mayores. Para ello, hubo una revisión bibliográfica de documentos jurídicos, políticas públicas sociales y artículos científicos de referencia. Se concluye que el enfoque de las políticas territoriales chilenas debería robustecer instituciones como la familia alargada y el trabajo formal como medidas realistas que promuevan la integración plena de las personas de edad y que prevengan el aislamiento social y la soledad no deseada.
Chile is one of the most ageing countries in Latin America. 18.4% of the total population is over 60 years old. Having ratified the Inter-American Convention on the Protection of the Human Rights of Older Persons in 2017, Chile has the challenge of promoting the social participation of older persons in policy design, production and social spheres. Article 8 of the Convention establishes the right to active, productive, full and effective participation of older persons. Public policies on social participation are more than 10 years old and need to be reviewed in the light of the Convention. The purpose of this article is to evaluate such public policies from a governance perspective, i.e., considering the participation of the State, private economic actors and private non-profit associations or interest groups in the promotion of the human rights and well-being of older persons. For this purpose, a literature review of legal documents, social public policies and scientific reference articles was carried out. It is concluded that the Chilean territorial policy approach should strengthen institutions such as the extended family and formal work as realistic measures to promote the full integration of older persons and to prevent social isolation and loneliness.
