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Leticia Bonifaz
, Rosalba Mora Sierra, Dana Repka
En septiembre de 2021, la Suprema Corte de México emitió una sentencia que impidió a cualquier autoridad federal o local procesar a mujeres o personas con capacidad de gestar por el delito de aborto voluntario o consentido. Esta sentencia también declaró inconstitucionales las sanciones impuestas al personal médico que facilite o auxilie en estos procedimientos. Asimismo, la Corte determinó que limitar el acceso al aborto en casos de violación a un plazo específico resultaba desproporcionado. Posteriormente, en septiembre de 2023, la Suprema Corte confirmó que la criminalización absoluta del aborto era inconstitucional y declaró sin efectos la disposición que sostenía dicha criminalización en el Código Penal Federal. En consecuencia, los proveedores de servicios de salud que trabajan en instituciones públicas de salud federales no pueden ser criminalizados por garantizar el derecho al aborto.
Este artículo expone en detalle los argumentos utilizados por la Corte para garantizar el derecho a decidir, así como los efectos de ambas decisiones, más allá de la despenalización que se ha llevado a cabo —y que continúa impulsándose— en los Congresos locales. Además, se problematizan los alcances y las limitantes de las consideraciones de esta sentencia, lo que permite identificar con claridad cuáles son los retos pendientes en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
In September 2021, the Mexican Supreme Court issued a decision disallowing any federal or local judicial authority to indict someone for the offense of voluntary or consensual abortion. This decision also declared unconstitutional penalties imposed on medical personnel who facilitate or assist such procedures. Furthermore, the Court decided that limiting access to abortion in cases of rape to a specific time frame was disproportionate. Later on, in September 2023, the Supreme Court confirmed that absolute criminalization of abortion was unconstitutional and declared that the rule supporting criminalization in the Federal Penal Code was without effects. Consequently, healthcare providers who work in public federal health institutions cannot be criminalized for guaranteeing the right to abortion. This article reviews the reasons advanced by the Supreme Court to guarantee the right of reproductive self-determination, as well as the effects of both decisions beyond the decriminalization of abortion by Mexican federal and state legislatures. The paper also examines the scope and limitations of these rulings and identifies the remaining challenges regarding voluntary abortion procedures in Mexico.
