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El Tribunal Constitucional ha desestimado el conflicto entre órganos constitucionales que promo-vió el Gobierno frente al Senado por el acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que –en contra del criterio del Ejecutivo– se tomaba en consideración para su tramitación la proposición de Ley por la que se deroga la Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones. El Ejecutivo defendía que el acuerdo de la Mesa del Senado podría suponer una vulneración de los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, en relación con el ejercicio de su facultad de veto presupuestario. Sin embargo, el Constitucional aclara que, cuando la doctrina constitu-cional ciñe la prerrogativa de veto a los presupuestos «en curso», se refiere a los que «estaban rigiendo al tiempo de presentación de la iniciativa legislativa». La proposición de ley señala que nuestro país soporta una carga tributaria por este impuesto de las más altas de Europa. En concreto, ocuparía la segunda posición por fiscalidad, únicamente siendo superada por Francia (en España puede llegar a tributarse hasta el 34 %, frente al 45 % de Francia). Sin embargo, los autores de la iniciativa se olvidan una vez más de que hay un componente pernicioso en la estructura estatal del impuesto, como son los coeficientes multiplicadores en función de la cuantía del patrimonio preexistente y del grupo, según el grado de parentesco, que pueden más que duplicar ese porcentaje, a lo que debe añadirse la falta de actualización de los distintos tramos en los últimos 25 años. La mayoría de las comunidades autónomas han mejorado la fiscalidad de los grupos I y II de parentesco a través de la aprobación de deducciones y bonificaciones en la cuota tributaria e incluso han aprobado tarifas específicas para estos parientes, pero ninguna de ellas ha flexibilizado los coeficientes multiplicadores con las situaciones que se detallan a continuación atendiendo a la jurisprudencia más reciente sobre su aplicación.
The Tribunal Constitucional has dismissed the dispute between constitutional bodies initiated by the Spanish Government against the Senate over the agreement of the Chamber's Bureau, which –contrary to the Executive's opinion– considered the bill repealing the Inheritance and Gift Tax Law for processing. The Executive argued that the Senate Bureau's agreement could violate Articles 134.6 of the Spanish Constitution and 151 of the Senate Rules of Procedure, regarding the exercise of its budgetary veto power. However, the Tribunal Constitucional clarifies that when constitutional doctrine limits the veto power to "current" budgets, it refers to those that "were in force at the time of the legislative initiative's submission". The bill notes that our country bears one of the highest tax burdens in Europe for this tax. Specifically, it would occupy the second position in terms of taxation, surpassed only by France (in Spain, tax rates can reach up to 34 %, compared to 45 % in France). However, the authors of the initiative once again forget that there is a pernicious component in the state structure of the tax: the multiplier coefficients based on the amount of pre-existing assets and the group, according to the degree of kinship, which can more than double this percentage, to which must be added the failure to update the different brackets in the last 25 years. Most Autonomous Communities –comunidades autónomas– have improved the taxation of kinship groups I and II through the approval of deductions and discounts in the tax rate and even by approving specific rates for these relatives, but none of them has made the multiplier coefficients more flexible, in the situations I will detail below, based on the most recent jurisprudence on their application.
