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El trabajo analiza críticamente la figura del aforamiento en España, a propósito del «Caso Gallardo» en Extremadura, donde un cargo público accede a un escaño autonómico tras ser imputado penalmente, obteniendo así un fuero especial. Se cuestiona si esta maniobra vulnera principios constitucionales como la igualdad ante la ley y el derecho al juez ordinario. Se argumenta que el uso estratégico del aforamiento podría constituir un fraude de ley. El caso reabre el debate sobre la legitimidad y reforma de esta prerrogativa procesal. Se concluye que su aplicación debe ser restrictiva y funcionalmente justificada.
