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María Isabel Álvarez Vélez 
En el IV Plan de Gobierno Abierto de España (2020-2024) se detalla el compromiso del Gobierno en relación a tres actuaciones fundamentales consistentes en la aprobación del Reglamento de la Ley de transparencia, el impulso de la ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos y la reforma de la Ley de transparencia. Objetivos que no se han cumplido, pero que además exigen se aborde la regulación también de los lobbies. Así, desde el Informe sobre el Estado de Derecho de 2022, la Comisión Europea formula recomendaciones específicas a los Estados miembros y se insta a España, entre otras recomendaciones, a que «continúe las labores necesarias para presentar una iniciativa legislativa sobre los grupos de presión, con especial atención a la creación de un registro público obligatorio de dichos grupos». La aprobación de esta iniciativa, preferiblemente un proyecto de ley vendría a complementar otras medidas positivas ya aprobadas por las Cortes, como la publicación de los contactos de los diputados con terceros. Sobre todas estas cuestiones trata el presente escrito, pues es evidente que, aunque se han logrado algunos avances significativos, los retos persisten. El camino hacia una regulación efectiva y transparente de los grupos de interés es complejo, y requerirá un esfuerzo continuo por parte de los legisladores, así como el apoyo de la ciudadanía.
