Acceso usuarios
La digitalización del expediente judicial, el acceso a bases de datos y la necesidad de la publicidad de la Justicia, hacen que la seguridad de la información de las personas que participan en los procesos penales y su relación con el derecho a recibir información veraz conforme un complejo entorno que exigiría delimitar más claramente los límites entre ambos. Los responsables del tratamiento tienen la obligación de garantizar la seguridad de los datos durante todo su ciclo de vida y atender los derechos de las personas interesadas. Las filtraciones de información, entendidas como perdidas de confidencialidad, cuando no resulta procedente la publicidad, ponen de relieve las consecuencias de estas fallas y hacen necesario que estos incidentes de seguridad se analicen como lo que son: brechas de protección de datos personales. Sin perjuicio de la afectación al derecho fundamental a la protección de datos, estos incidentes tendrían que investigarse, analizarse, documentarse y comunicarse a las autoridades competentes de protección de datos, dado que pueden afectar a los principios procesales, a las víctimas que enfrentan desde la estigmatización hasta el acoso o agresiones, los testigos que se pueden ver afectados en su testimonio y a los peritos ya que podrían ser objeto de presiones que comprometiesen la objetividad de sus conclusiones.
The digitization of the judicial file, access to databases and the need for publicity of Justice, make the security of the information of persons involved in criminal proceedings and its relationship with the right to receive truthful information a complex environment that would require a clearer delimitation of the boundaries between the two. Data controllers have the obligation to ensure the security of data throughout its life cycle and to attend to the rights of the persons concerned. Information leaks, understood as loss of confidentiality, when publicity is not appropriate, highlight the consequences of these failures and make it necessary for these security incidents to be analyzed for what they are: personal data protection breaches. Notwithstanding the impact on the fundamental right to data protection, these incidents should be investigated, analyzed, documented and reported to the competent data protection authorities, since they may affect procedural principles, victims who face from stigmatization to harassment or aggression, witnesses whose testimony may be affected, and experts, since they may be subject to pressures that could compromise the objectivity of their conclusions.
