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Lucía Aragüez Valenzuela
El presente estudio aborda la interacción entre el uso de redes sociales por parte de las personas trabajadoras y el poder disciplinario empresarial, enfatizando los riesgos legales que surgen en este contexto. A medida que las redes sociales se integran en la vida cotidiana, su impacto en el ámbito laboral se torna relevante y complejo, afectando tanto a la reputación de las empresas como a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente el derecho a la libertad de expresión.El análisis judicial desarrollado a lo largo del estudio identifica la necesidad de un marco normativo claro que regule las expectativas de privacidad en redes sociales, diferenciando entre espacios públicos y privados. Se pone de manifiesto que, aunque las empresas tienen un interés legítimo en proteger su imagen, esta no debería traducirse en sanciones desproporcionadas que limiten el derecho a la libre expresión. Además, se advierte sobre la ambigüedad en la normatividad laboral actual y la interpretación desigual de la jurisprudencia.Por consiguiente, resulta fundamental equilibrar los intereses empresariales y los derechos de las personas trabajadoras, planteando la necesidad de implementar protocolos claros en el uso de redes sociales que fomenten un entorno laboral justo y respetuoso, que tenga igualmente presente la socialidad.
This study addresses the interaction between workers’ use of social media and corporate disciplinary power, emphasising the legal and ethical risks that arise in this context. As social media become integrated into everyday life, their impact on the workplace becomes relevant and complex, affecting both the reputation of companies and the fundamental rights of workers, especially the right to freedom of expression.The judicial analysis developed throughout the study identifies the need for a clear regulatory framework to regulate expectations of privacy in social networks, differentiating between public and private spaces. It shows that, although companies have a legitimate interest in protecting their image, this should not translate into disproportionate sanctions that limit the right to free expression. Furthermore, it warns about the ambiguity in current labour law and the unequal interpretation of case law, which leads to certain gaps in justice.It is therefore essential to balance the interests of employers and the rights of workers, and to implement clear protocols for the use of social networks that promote a fair and respectful working environment that also considers sociality.
