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Tras el Consejo de ministros de 26 de marzo de 2024 se anunció por el Gobierno de España la idea de reformar el proceso penal atribuyendo a los fiscales la función instructora que ahora asumen los jueces instructores, impulsando en mayo de este año un anteproyecto de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adecuar el papel del fiscal a dicha reforma. Como sucedió con los proyectos legislativos anteriores, se reaviva el debate doctrinal sobre las ventajas e inconvenientes de una modificación de esta naturaleza en el contexto actual, y sobre todo, de la afectación que ello podría producir al principio de independencia del órgano investigador del delito, al estar en juego el principio de separación de poderes y de igualdad ante la ley propios de un Estado de Derecho.
