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La agenda reformista del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pasa por ampliar y reconocer el papel del Ministerio Fiscal y otorgarle nuevas competencias, en línea con los ordenamientos vecinos y también con las nuevas demandas sociales. En este sentido, el Gobierno de España apuesta por perfeccionar la autonomía del Ministerio fiscal con el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que propone que la duración del mandato del Fiscal General del Estado sea superior al mandato máximo de cada Gobierno, para dotarle de mayor autonomía. Además, se impulsa el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Enjuiciamiento Criminal que implica un cambio radical en el modelo de investigación en el procedimiento penal, que dejará de ser liderado por el juez de instrucción y pasará a dirigirse por el Ministerio Fiscal, actuando bajo sus órdenes la Policía Judicial.
