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La posesión en el Derecho español está protegida mediante tres acciones: tutela sumaria, desahucio por precario y efectividad de derechos reales inscritos. La reforma «anti-okupas» de 2018, avalada por la STC 32/2019, agilizó los desalojos al invertir la carga de la prueba. La Ley 12/2023 introduce exigencias sociales a los grandes tenedores. El artículo analiza las vías civiles, legislación, jurisprudencia (2019-2025), criterio fiscal y doctrina, proponiendo mejoras para reforzar la tutela posesoria.
