José M.ª Pey González
La tramitación parlamentaria de una nueva proposición de ley para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular ha reabierto el debate jurídico, político y social sobre el alcance y los límites del derecho de extranjería en España. Esta iniciativa, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular con más de 600.000 firmas, propone modificar la Ley Orgánica 4/2000 para habilitar al Gobierno a establecer un procedimiento reglado de normalización documental, en línea con antecedentes legislativos. El presente artículo analiza el contenido de la propuesta, sus fundamentos constitucionales, el marco normativo histórico que la respalda y las distintas posiciones parlamentarias en juego. Se expone cómo esta medida podría no solo corregir déficits de gobernanza migratoria, sino también consolidar derechos fundamentales y favorecer la integración social y económica de una población actualmente excluida del sistema legal.