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El presente artículo propone discernir si la elección administrativa de acudir a los encargos como medio de auto provisión de bienes y servicios debe justificarse en razones de eficiencia o en motivos de seguridad pública o urgencia. Para ello se analizan las más recientes resoluciones dictadas por los tribunales administrativos de contratación, así como la escasa jurisprudencia recaída sobre la cuestión. Finalmente se estudian los contornos procedimentales del recurso especial de contratación para combatir los encargos, y las variadas limitaciones que lo acucian, así como las vías de impugnación judicial y el control que podrían ejercer las autoridades de defensa de la competencia.
This article proposes to discern whether the administrative choice of self resorting to commissions as a means of providing goods and services should be justified on grounds of efficiency or on grounds of public safety or urgency. To this end, the most recent resolutions issued by the administrative contracting courts are analyzed, as well as the limited jurisprudence on the issue. Finally, the procedural contours of de especial contracting resource to combat commissions are studied, and the various limitations that apply to it, as well as the means of judicial challenge and the control that the competition authorities could exercise.
