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El propósito del análisis del caso Herrera Espinoza vs. Ecuador es evaluar las violaciones a los derechos humanos sufridas por las víctimas, específicamente en relación con actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como la falta de investigación y debida diligencia en el sistema judicial ecuatoriano. El problema de investigación surge en el decadente actuar del gobierno ecuatoriano y su sistema judicial así mismo en el débil cumplimiento de la norma existente y las garantías propuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es evidenciar si existió una falta de investigación y diligencia judicial, así como el cumplimiento de las medidas de reparación y garantías de no repetición establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para este análisis se emplearán métodos cualitativos como la revisión documental de pruebas periciales, testimoniales y médicas presentadas durante el proceso judicial. Los principales resultados del análisis indican que se documentaron violaciones a la integridad personal de las víctimas, las cuales fueron sometidas a torturas y tratos degradantes. Así mismo, se concluye que la Corte ordenó medidas de restitución, reparación y capacitación en derechos humanos para funcionarios estatales.
Ecuador case is to assess the human rights violations suffered by the victims, specifically regarding acts of torture, cruel and inhuman treatment, as well as the lack of investigation and due diligence within the Ecuadorian judicial system. The research problem arises from the declining actions of the Ecuadorian government and its judicial system, as well as the weak enforcement of existing laws and the guarantees established by the Inter-American Court of Human Rights. The objective is to determine whether there was a lack of investigation and judicial diligence, as well as compliance with the reparations and non-repetition measures established by the Inter-American Court of Human Rights. This analysis employs qualitative methods, including documentary review of expert evidence, witness statements, and medical reports presented during the judicial process. The main results of the analysis indicate documented violations of the victims' personal integrity, who were subjected to torture and degrading treatment. It is also concluded that the Court ordered restitution, reparations, and human rights training for state officials.
