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María Pascual Núñez
La sentencia que traemos a colación versa sobre la impugnación en apelación por parte de un Ayuntamiento y un particular frente a la sentencia de 23 de septiembre de 2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Oviedo, estimatorio del recurso contencioso administrativo interpuesto otra particular contra el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento parte, de 23 de diciembre de 2019, parcialmente estimatorio del recurso de reposición formulado el particular ahora actor frente a la Resolución de 16 de noviembre de 2019. Esta última declaró la nulidad de la resolución por no ajustarse a derecho, y condenó al Ayuntamiento aplicar el RAMINP en la actividad ganadera desarrollada por el particular/actor para la concesión de la correspondiente licencia.
En el caso de autos, la controversia gira en torno a la emisión de un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, que entiende que la actividad realizada está excluida del RAMINP. Para su resolución, la Sala se remite a un pronunciamiento propio de 29 de diciembre de 2021, que analiza las competencias estatales y autonómicas en materia ambiental a la luz de los artículos 45, 149.23 y 148.9 CE, para inferir que la autonomía puede desarrollar la legislación básica en la materia. Aspecto que en el Principado no se llevó a cabo en cuanto al RAMINP y por ello este resulta directamente aplicable en dicha comunidad. A estos efectos, el Tribunal determina que, si la administración autonómica pretendió establecer un mínimo de cabezas de ganado como criterio para excluir la actividad de la licencia correspondiente, debió hacerlo mediante el desarrollo normativo de la legislación básica, en uso de sus competencias. A lo anterior añade que el informe de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático no está lo suficientemente motivado.
La Sala menciona el artículo 13 del RAMINP y razona que dicho precepto, que prohíbe las cuadras en localidades de más de 10.000 habitantes no puede aplicarse contrario sensu. Asimismo, el Tribunal determina que, dado que corresponde al Ayuntamiento la concesión de la licencia y no a la meritada Dirección General, su informe carece de vinculatoriedad. Finalmente, considera que los informes mencionados en los artículos 7 y 33 del RAMINP no coinciden con el solicitado a la referida Dirección General.
Consecuentemente, la Sala rechaza las pretensiones del Ayuntamiento y el particular, si bien les absuelve del pago de las costas procesales.
