La IA está transformando el proceso de toma de decisiones en el sector público, optimizando los trámites y mejorando la fiscalización, pero debe hacerlo bajo la supervisión humana para evitar sesgos y garantizar derechos. La normativa actual realmente prohíbe la toma de decisiones totalmente automatizadas, asegurando que la IA solo apoye, sin sustituir, la responsabilidad humana. Es clave equilibrar automatización y control, promoviendo la transparencia algorítmica y la confianza digital. Además, la IA permite detectar fraudes, agilizar trámites y mejorar la rendición de cuentas en la administración. Su uso debe basarse en principios éticos y normativos para garantizar una gobernanza eficiente y justa en la que los datos y los algoritmos tienen un papel muy importante, pero donde las personas siguen al mando.