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La expresión «una acción, un voto» sintetiza el problema de la proporcionalidad entre la capacidad de los accionistas para controlar una sociedad y su participación en los beneficios sociales. Se trata de un lema, de notable fortuna en el ámbito del derecho de sociedades y de alcance mundial, que pretende condensar la idea de que los socios deben poder votar, que solo los socios deben poder hacerlo, y que el derecho de voto debe ser proporcional a su interés económico en la sociedad.
En nuestro derecho, este principio se recogió en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, que prohibía la ruptura de la proporcionalidad entre capital y derecho de voto, prohibición que se traslada hasta la actual Ley de Sociedades de Capital.
Sin embargo, en el momento actual y, en particular, tras la aprobación de la Directiva (UE) 2024/2810 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las estructuras de acciones con derechos de voto múltiple, y cuando España se enfrenta a la necesidad de su transposición, cabe preguntarse que queda realmente de este principio tras la larga evolución normativa y práctica de la segunda mitad del siglo XX y el primer cuarto del XXI.
En efecto, es un principio abandonado por la mayor parte de los países de nuestro entorno y, desde luego, de los más significativos, y que, aunque se mantiene nominalmente en nuestro derecho de sociedades para las anónimas, carece de eficacia real.
La admisión de las acciones sin voto, la innovación financiera y contractual, la transformación en la estructura tipológica de nuestras sociedades (que hace que, hoy en día, menos del 0,5 por ciento de las que se constituyen cada año en España sean anónimas, las únicas a las que aplica la norma) y las alternativas existentes para articular legalmente los privilegios económicos de las acciones, hacen que haya que replantearse el sentido de mantener la regla de la proporcionalidad imperativa entre el capital y el derecho de voto.
Este debe ser el punto de partida para analizar las alternativas de política legislativa que se abren al legislador español con la aprobación de la Directiva (UE) 2024/2810. Es el momento de abordar definitivamente la cuestión de «una acción, un voto» en nuestro derecho de sociedades con un enfoque amplio y flexible que considere tanto la relevancia histórica de la regla como las realidades prácticas de las estructuras corporativas modernas, la competitividad de nuestro sistema societario y la nueva política armonizadora que se ha reorientado desde el derecho de sociedades a la integración de los mercados.
The expression «one share, one vote» encapsulates the problem of proportionality between shareholders» ability to control a company and their share of the company’s profits. This slogan, remarkably popular in corporate law, seeks to encapsulate the idea that shareholders should be able to vote, that only shareholders should be able to do so, and that voting rights should be proportional to their economic interest in the company.
In Spanish law, this principle was enshrined in the 1951 Companies Act, which prohibited the breach of proportionality between capital and voting rights, a prohibition that continues in the current Companies Act. However, at the present time, and particularly following the approval of Directive (EU) 2024/2810 of the European Parliament and of the Council on share structures with multiple voting rights, and as Spain faces the need to transpose it, it is worth asking what truly remains of this principle after the long regulatory and practical evolution of the second half of the 20th century and the first quarter of the 21st.
Indeed, it is a principle that has been abandoned by most of our neighboring countries, and certainly by the most significant ones, and which, although nominally maintained in our corporate law for public limited companies, lacks real effectiveness.
The introduction of non-voting shares, financial and contractual innovation, the transformation in the typological structure of our companies (which means that, today, less than 0.5 percent of those incorporated each year in Spain are public companies, the only ones to which the rule applies), and the existing alternatives for legally articulating the economic privileges of shares, make it necessary to reconsider the meaning of maintaining the rule of mandatory proportionality between capital and voting rights.
This should be the starting point for analyzing the legislative policy alternatives open to the Spanish legislator with the approval of Directive (EU) 2024/2810. It is time to definitively address the issue of «one share, one vote» in our company law with a broad and flexible approach that considers both the historical relevance of the rule and the practical realities of modern corporate structures, the competitiveness of our corporate system, and the new harmonizing policy that has reoriented itself from company law to market integration.
