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José Carlos Fernández Rozas 
Desde 1995, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha constituido uno de los pilares del orden económico internacional, al proporcionar un marco normativo multilateral dirigido a la liberalización de los intercambios y a la resolución institucionalizada de controversias. Con la ampliación de su cobertura a sectores como los servicios y los derechos de propiedad intelectual, y la consolidación de reglas vinculantes, la OMC formalizó una evolución institucional iniciada tras la Segunda Guerra Mundial bajo el GATT de 1947.
Durante las últimas dos décadas, el sistema multilateral ha enfrentado una crisis prolongada. Entre los síntomas más notables se encuentran el estancamiento de la Ronda de Doha, la inoperancia del Órgano de Apelación, la expansión de acuerdos preferenciales al margen de la organización y el uso creciente de medidas unilaterales. Disputas sobre subsidios industriales, tratamiento de empresas estatales o invocaciones de seguridad nacional han socavado la legitimidad del régimen comercial.Un punto de inflexión lo marcó la presidencia de Donald Trump. La retirada de Estados Unidos de acuerdos multilaterales clave, la imposición de aranceles de represalia bajo argumentos de seguridad nacional y el bloqueo del mecanismo de apelación de la OMC deterioraron gravemente el funcionamiento de la institución. La política exterior estadounidense pasó a instrumentalizar el comercio como herramienta de presión, debilitando los principios de previsibilidad y no discriminación acentuando estas decisiones una lógica de confrontación bilateral y erosionaron la autoridad del sistema multilateral, que durante décadas había contado con el respaldo activo de Washington. Simultáneamente, acontecimientos como el Brexit, la pandemia de COVID‐19 y el conflicto armado en Ucrania han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas globales de producción y abastecimiento. La liberalización comercial ha dejado de considerarse un objetivo autosuficiente, y ha comenzado a subordinarse a finalidades vinculadas a la seguridad, la resiliencia económica y la sostenibilidad.En este escenario, la Unión Europea ha desempeñado un papel destacado en la defensa del comercio basado en normas. Su intervención se ha traducido en iniciativas como la creación de un mecanismo provisional de apelación multipartita, propuestas de reforma estructural de las disciplinas sobre subsidios y ayudas estatales, y esfuerzos por preservar el principio de legalidad internacional frente a prácticas unilaterales. Al mismo tiempo, la Unión ha impulsado instrumentos regulatorios internos orientados a proteger el mercado interior frente a distorsiones generadas por prácticas comerciales desleales. El Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras y el Instrumento contra la Coacción son expresiones de una política más asertiva que, sin abandonar los principios multilaterales, busca reforzar la autonomía estratégica europea en un entorno caracterizado por tensiones geopolíticas y rivalidades sistémicas.La conmemoración del 30.º aniversario del Acuerdo de Marrakech plantea la necesidad de repensar la gobernanza del comercio global. Reformar la OMC exige superar rigideces institucionales, redistribuir poder normativo y legitimar trayectorias de desarrollo heterogéneas. La Unión Europea se encuentra en una posición idónea para liderar una transformación del sistema, promoviendo una gobernanza inclusiva, transparente y orientada a la equidad en la distribución de beneficios del comercio internacional
