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Carlos Alberto Martínez Ramírez
La administración del sistema educativo ha implicado un desafío importante para los gobiernos federal y estatal, en nuestro país. En ese tenor, la educación superior, en México, ha sido parteaguas para la atención y resolución de problemáticas sociales, educativas, culturales, políticas, de salud, económicos y demás ámbitos, que se presentan en las sociedades y en contextos diversos y específicos. Ante ello, en las Instituciones de Educación Superior (IES), durante la década de los años noventa del siglo pasado y en las primeras décadas del nuevo milenio, se presentó una disyuntiva importante: ofrecer servicios de calidad y brindar educación a un mayor número de aspirantes. De esta manera, la acreditación (de la mano de procesos evaluativos) y la cobertura, fueron dos políticas educativas que se promovieron e instauraron en la república mexicana, generando que las IES integraran, ajustaran, actualizaran, modificaran y evaluaran sus procesos y marcos jurídicos, académicos, administrativos y de financiamiento. Así, la acreditación y la cobertura fueron ejes que se impulsaron durante casi 30 años en el sector educativo, con énfasis en la educación superior, lo que implicó reconfigurar prácticas y procesos que tradicionalmente se desarrollaban autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes, en las IES del país.
The administration of the educational system has posed a significant challenge for both the federal and state governments in our country. In this context, higher education in Mexico has been a watershed for addressing and resolving social, educational, cultural, political, health, economic, and other issues that arise in diverse and specific societies and contexts. In response, during the 1990s and the early decades of the new millennium, Higher Education Institutions (HEIs) faced a crucial dilemma: to provide quality services and offer education to an increasing number of applicants. Thus, accreditation (alongside evaluative processes) and coverage became two educational policies that were promoted and implemented in the Mexican republic. This led HEIs to integrate, adjust, update, modify, and evaluate their legal, academic, administrative, and financial frameworks and processes. Accreditation and coverage, as educational policies, were axes for almost 30 years in the educational sector, with a focus on higher education. This entailed reconfiguring practices and processes that traditionally involved authorities, educators, administrative staff, and students in the country's HEIs.
