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Carlos Javier Durá Alemañ 
La justificación dada para este Decreto es la situación de crisis económica, agudizada con la climática, la pandémica y en estos momentos, por la guerra de Ucrania.
En este escenario, el presente Decreto-Ley pretende dar respuesta a las necesidades generadas por un conflicto que amenaza con interrumpir el camino hacia la recuperación económica.
Esta norma se estructura en dos Títulos, cuatro artículos y una disposición final. Entre las cuestiones relativas de manera directa o indirecta al sector ambiental, destacamos lo siguiente.
El Título I se refiere a medidas en el ámbito agrícola, ganadero y pesquero. Se trata de beneficios fiscales en el ámbito de tasas que afectan a estas actividades y que suponen una reducción de la carga fiscal soportada por este colectivo. Más en detalle, el artículo 1 establece una exención temporal en determinadas tasas regionales, que se contienen y se regulan en el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, y que afectan al colectivo de agricultores, ganaderos y pescadores, con el objetivo de reducir los costes de su actividad.
Otra de las novedades que establece son diversas reducciones de las que se benefician las Cofradías de Pescadores y el sector de la acuicultura. El artículo 3 introduce beneficios fiscales en el ámbito de los tributos cedidos, que van en la misma línea de reducir los costes de un sector especialmente afectado en la actualidad por el incremento de los mismos. En este caso, costes vinculados a la adquisición de fincas rústicas y determinadas operaciones.
Para terminar, se establece una reducción en la base imponible del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 99% para las adquisiciones de fincas rústicas, tanto “mortis causa” como “inter vivos”. Y se elabora una nueva redacción a la bonificación por cesión temporal de derechos al uso privativo de aguas públicas para uso exclusivo agrícola en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
