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La existencia de un sistema legal de protección penal del medio ambiente se remonta al año 1983. Si bien su aplicación a la realidad española, habida cuenta de carencia de antecedentes, resultó complicada en la práctica, lo cierto es que, con el tiempo, esa aplicación ha empezado a prodigarse y la jurisprudencia a aumentar. Habida cuenta la importancia de la materia, la fuerte incidencia en la misma del Derecho comunitario y la novedad de los conceptos, todo ello ha provocado un curioso proceso evolutivo en la jurisprudencia, algunos de cuyos aspectos más destacables se exponen en el artículo.
