Acceso usuarios
Hilda Nucci González
Nuestros derechos fundamentales están en riesgo, mientras no exista una legislación internacional que otorgue pautas de conducta en el ejercicio de la libertad de expresión e información frente al uso de estas nuevas tecnologías, especialmente cuando compartimos información por Internet o usamos las redes sociales, toda vez que al ciberespacio se le reconoce como una jurisdicción diferente de las estatales, con normas y mecanismos propios de solución de controversias. En la actualidad, existen algunos avances en esta materia a nivel internacional, aunque empresas como Google, Twitter o Facebook actúan con exceso de discrecionalidad ante el vacío legislativo. Aun así, la tendencia es a favor de una regulación de libertades y derechos en el ámbito digital, pero el problema es que la información contenida en la Internet y las redes sociales se enfrenta principalmente al gran reto de la globalización y a su vez a la circunstancia de que no existe ningún marco normativo a nivel regional o nacional que garantice las libertades y los derechos involucrados en el uso de estas plataformas.
Our fundamental rights are at risk, as long as there is no international legislation that provides guidelines for conduct in the exercise of freedom of expression and information regarding the use of these new technologies, especially when we share information online or use social networks, whenever that cyberspace is recognized as a jurisdiction different from the state ones, with its own rules and mechanisms for dispute resolution. Currently, there are some advances in this matter at an international level, although companies such as Google, Twitter or Facebook act with excessive discretion in the face of a legislative vacuum. Even so, the trend is in favor of a regulation of freedoms and rights in the digital field, however, the problem is that the information contained on the Internet and social networks mainly faces the great challenge of globalization and in turn, the circumstance that there is no regulatory framework at the regional or national level that guarantees the freedoms and rights involved in the use of these platforms.
