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Paolo Grassi
En Guatemala, desde 1996, la ineficiencia de la policía, la propagación de la corrupción y la impunidad generalizada abrieron nuevos espacios económicos en el mercado de la seguridad que fueron ocupados prontamente por actores armados legalmente reconocidos (como las empresas privadas de seguridad) e ilegales (principalmente el narcotráfico y las maras). Es evidente que el mercado de la seguridad no siempre responde a la ley de la oferta y demanda. El poder de los actores ilegales puede ser establecido a través de un intercambio asimétrico negociado por el miedo y las amenazas. Por eso la “oferta de seguridad” no suele ser rechazada por la comunidad. No obstante la proliferación de este fenómeno, en la literatura antropológica hay pocos estudios que analicen el papel que las mismas comunidades locales adquieren en el mercado de la seguridad, es decir, la forma en que estas responden a la violencia de manera proactiva. En este sentido, quiero retomar algunos eventos relacionados con la historia reciente de un barrio marginal de la Ciudad de Guatemala (que llamaré simplemente “El Barrio”), donde realicé una investigación etnográfica desde 2008 hasta 2013. Frente a la violencia causada principalmente por un conflicto entre grupos de mareros, los residentes de El Barrio no aceptaron pasivamente la situación, sino que reaccionaron organizando rondas nocturnas. De esta manera, los residentes buscaron su espacio en el mercado de la seguridad. Mi artículo analizará la evolución histórica de las rondas y las consecuencias paradójicas que éstas tienen en la intensificación de los niveles de violencia del barrio.
ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 73, No. 752, 2018: 11-23.
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ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 73, No. 752, 2018: 11-23.
