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El régimen jurídico definitivo de la ciudad de Jerusalén es una cuestión que sigue abierta para gran parte de la Comunidad Internacional. En su propuesta para resol-ver el futuro político del Mandato británico sobre Palestina, Naciones Unidas planteó en 1947 situar a esta población como un Cuerpo Separado independiente gobernado por una administración internacional. Aunque esta idea no se materializó, sí trazó una hoja de ruta que delimitó la labor cotidiana de los Consulados Generales que existían en esa Ciudad. Estas Oficinas se han convertido en un caso muy atípico en el Universo de las Relaciones Internacionales con una idiosincrasia propia. España figura dentro del grupo de países que tiene un Consulado General en Jerusalén, cuya presencia se explica por los vínculos que unen a España y a Tierra Santa desde hace más de 7 siglos.
The final legal regime of the city of Jerusalem is a question that remains open for a large part of the International Community. In its proposal to settle the political future of the British Mandate of Palestine, the United Nations proposed in 1947 to place this population as an independent Separate Entity ruled by an international administration. Although this idea did not materialize, it did draw up a roadmap that delimited the daily work of the Consulates General that existed in that City. These Offices have become a very rare case in the field of International Relations with their own peculiarities. Spain is among the group of countries that has a Consulate General in Jerusalem, whose presence is explained by the links that have united Spain and the Holy Land for more than 7 centuries.
