En un contexto de crisis sanitaria -todavía vigente-, en donde las organizaciones debieron acelerar exponencialmente sus procesos de transformación digital, y las administraciones públicas en particular, debieron transitar hacia caminos trazados en la apertura de datos por diseños y procesos gubernamentales centrados en la información, lo que llevó incluso a la utilización de técnicas de Inteligencia Artificial para el sector público, el presente trabajo busca responder al elemental interrogante respecto ¿Qué debe controlarse judicialmente en el caso de la actividad decisional administrativa automatizada? O si se prefiere ¿Qué principios debe respetar la Administración pública, de verificación por el Poder Judicial, cuando se sirve de herramientas inteligentes para el cometido de sus funciones? Así es que el trabajo ofrece -en términos generales- una serie de herramientas evaluativas que debe tener a la vista el magistrado para convalidar, o en su caso, invalidar una actuación decisoria de este tipo.