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Senead Eva Barrera Trabol
Dado que no existe una ley o normativa exhaustiva de debida diligencia conforme a los PR en Chile, el objetivo de este trabajo es identificar los puntos de conexión entre la DD de los Principios Rectores y la responsabilidad civil que exige para su atribución la infracción a un deber de cuidado. Se sostiene que la DD conforme a los Principios Rectores es útil al juez civil que conoce del caso, pues le permite especificar a través de su tipología de impactos sus parámetros de gravedad y control, los criterios de diligencia tales como la previsibilidad, el control de la actividad así como la intensidad de los impactos; constituyendo un marco que conceptualiza a los riesgos de impactos a los DDHH o, lo que resulta peligroso a los DDHH en el marco de actividades de empresas o grupos empresariales. Se propone el análisis de la utilidad de los Principios Rectores en atención a la obligación internacional de protección de derechos humanos que recae sobre la jurisdicción civil conforme al DIDH, considerando el problema planteado por la doctrina y la jurisprudencia respecto a cómo determinar lo previsible, aquello bajo el control de la actividad, los riesgos o, bien, lo que es peligroso, a efectos de atribuir culpa civil.
Considering that Chile does not have an exhaustive Due Diligence law or regulation in accordance with the UNGP, the purpose of this paper its to identify connection points between UNGP’s Due Diligence and the violation of a duty of care needed to establish civil liability. We argue that UNGP’s Due Diligence is useful to the civil court to rule the case, since it allows to specify diligence criteria to establish a duty of care infringement such as foreseeability, control of the activity and intensity of the impacts; through UNGP’s impact typology and its severity and control parameters, constituting a framework that conceptualizes what implies a human rights risk or what is dangerous to human rights, within companies or business holdings activities. The analysis of UNGP’s utility is proposed under the International Human Rights Law obligation to protect human rights falling under the civil jurisdiction, considering the problem posed by national doctrine and case law regarding how to determine what is foreseeable, what is under control, as well as what is dangerous, in order to be able to attribute civil liability.
