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Fabricio Menéndez
Este artículo analiza el fenómeno del retorno de migrantes ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos desde una perspectiva basada en los derechos humanos. La importancia de este estudio se centra en la dignidad humana de las personas que han decidido migrar en virtud de que su vida se desarrolla en un contexto marcado por la precariedad económica, el desempleo y la inseguridad, de ahí la relevancia de examinar las implicaciones que tiene la deportación sobre estas personas, así como las barreras estructurales que enfrentan para su reintegración social, laboral y emocional. El estudio documenta que solo en 2023 fueron deportados aproximadamente 16.000 ecuatorianos, mientras que en los primeros siete meses de 2024 la cifra alcanzó 7.737 personas, lo cual refleja una tendencia creciente que podría agravarse tras la entrada en vigor de nuevas políticas migratorias en Estados Unidos. Mediante un enfoque documental jurídico-analítico, se examina el marco normativo internacional y nacional vigente, así como las políticas públicas ecuatorianas relacionadas con el retorno. El análisis revela importantes brechas entre la normativa y su implementación efectiva. En respuesta, el estudio propone una serie de líneas de acción estructuradas que incluyen la creación de un plan nacional de reintegración integral para los retornados. Se concluye que, sin una respuesta estatal articulada, coherente y sostenida, el retorno digno seguirá siendo una aspiración lejana para miles de ecuatorianos que han enfrentado procesos de deportación
This article analyzes the phenomenon of the return of Ecuadorian migrants deported from the United States from a human rights-based perspective. The importance of this study lies in the human dignity of individuals who have chosen to migrate because their lives unfold in a context marked by economic precariousness, unemployment, and insecurity. Hence, it is relevant to examine the implications of deportation on these individuals, as well as the structural barriers they face in achieving social, labor, and emotional reintegration. The study documents that approximately 16,000 Ecuadorians were deported in 2023, while in the first seven months of 2024, the number reached 7,737, reflecting a growing trend that could worsen with the enforcement of new immigration policies in the United States. Through a juridical-analytical documentary approach, the study examines the current international and national regulatory frameworks, as well as Ecuadorian public policies related to return. The analysis reveals significant gaps between the legal framework and its effective implementation. In response, the study proposes a series of structured lines of action, including the creation of a comprehensive national reintegration plan for returnees. It concludes that, without an articulated, coherent, and sustained state response, a dignified return will remain a distant aspiration for thousands of Ecuadorians who have faced deportation processes.
