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Georgios Milios
El pasado mes de febrero, el TJUE adoptó una sentencia que trata sobre los exámenes de integración cívica para los beneficiarios de protección internacional. El Tribunal respaldó la obligatoriedad de estas medidas, siempre que se respeten las necesidades específicas de las personas beneficiarias de protección y que el nivel de los exámenes no sea superior al necesario para promover su integración social.
Sin embargo, en la misma sentencia, el TJUE afirmó que el derecho comunitario impide que los beneficiarios de protección internacional asuman el coste total de los cursos y exámenes, independientemente de la posibilidad de acceder a un préstamo que no debe ser reembolsado si se aprueba el examen. La sentencia es de gran interés, ya que se emite en un contexto en el que la integración de las personas extranjeras se ha convertido en un tema central a nivel comunitario, estatal e incluso regional.
