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Alejandra Boto Álvarez 
A finales de 2024 se hizo viral en España la polémica sobre el nuevo régimen de obligaciones concernientes a los datos de los clientes en la actividad de hospedaje contenido en el Real Decreto 933/2021. El principal foco de debate estaba en el importante aumento cuantitativo y cualitativo de los datos a recabar, registrar y transmitir a las autoridades competentes. Más allá de esto, el presente trabajo disecciona las obligaciones dispuestas por la norma, que contiene unos anexos con elevadas exigencias, pero un texto con constantes remisiones abiertas. Por ello, también presta atención a la forma en que tales obligaciones habrán de ser cumplidas y el principal instrumento existente para ello en la práctica. Concluye que se ha dado carácter prevalente a una aplicación informática que no está totalmente ajustada a lo dispuesto en el Real Decreto. Aunque la relajación que esto comporta pueda haber contribuido a rebajar la tensión en el sector y la sociedad, es algo incompatible con el Estado de Derecho, la igualdad y la seguridad jurídica. La opacidad y desinformación que rodea esta cuestión pone en jaque, además, la transparencia y la misma fiabilidad de la Administración.
At the end of 2024, the new regime of obligations concerning customer data in the accommodation sector contained in Royal Decree 933/2021 went viral in Spain. The main controverse was on the significant quantitative and qualitative increase in data to be collected, recorded and transmitted to the competent authorities. Beyond that, this paper dissects the obligations laid down by the regulation, which contains annexes with strict requirements, but a text with many blank referrals. Consequently, it also pays attention to how these obligations are to be fulfilled and the main instrument available for that. It concludes that the leading role has been given to an app not fully adjusted to the high standards of regulation. Although the resulting relaxation may have helped to ease tensions in the market and society, it is incompatible with the rule of law, equality and legal certainty. The opacity and misinformation surrounding this issue also jeopardises transparency and reliability of public administration.
