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Raquel Castillejo Manzanares
En todos los proyectos y anteproyectos con los que se ha pretendido un nuevo Código Procesal penal, ha tratado de limitarse el ejercicio de la acción popular, promoviendo un mayor control de esta por el órgano judicial, con la finalidad de evitar que se lleven a cabo de modo sorpresivo o con carencia de fundamento. Pues bien, éste parece ser el objetivo de la Proposición de Ley Orgánica de garantía de protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas presentada por el grupo parlamentario socialista. Sin embargo, la reforma propuesta en ella excede con mucho el estricto fin de limitar su ejercicio, para llegar a dejarla sin contenido.
