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María Cristina Caja Moya, Elio Quiroga Rodríguez
La violencia de género, como fenómeno estructural arraigado en desigualdades de poder, exige respuestas jurídicas que trasciendan el mero castigo para abordar sus raíces socioculturales. En España, la Ley Orgánica 1/2004 marcó un hito significativo al establecer un marco integral de intervención que se articula en dos niveles principales: programas específicos obligatorios en centros penitenciarios para internos condenados por violencia de género, y programas de reeducación vinculados a la suspensión o sustitución de penas privativas de libertad. Esta estructura dual asegura que todos los condenados reciban tratamiento específico, independientemente del tipo de pena impuesta. Este artículo analiza críticamente la implementación de estos programas de intervención, que incluyen aspectos cruciales como el control de la ira, habilidades sociales, igualdad de género y resolución no violenta de conflictos, bajo la supervisión de las Juntas de Tratamiento que evalúan el progreso y su impacto en decisiones sobre progresiones de grado, permisos y libertad condicional. Basado en teorías feministas (MacKinnon, Connell) y principios restaurativos (Braithwaite), el análisis examina cómo estos programas contribuyen al objetivo primordial de facilitar la reeducación y reinserción social de los agresores, buscando prevenir la reincidencia y promover cambios profundos en conductas violentas. Frente a objeciones feministas y conservadoras, se argumenta que la reinserción no diluye la accountability ni desvía recursos, sino que fortalece la protección a víctimas al reducir la reincidencia y desarticular narrativas de dominación. La propuesta se alinea con el principio constitucional de reinserción y la visión dworkiniana de «integridad jurídica», equilibrando castigo y rehabilitación como pilares de una justicia transformadora. Mediante un análisis interdisciplinar, el artículo demuestra que la erradicación de la violencia exige intervenir tanto en las conductas individuales como en los imaginarios colectivos que las normalizan, avanzando hacia un sistema que conjugue protección, equidad y reparación ética.
