Amaia Labella Cámara
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el sector público ha transformado los paradigmas administrativos, optimizando recursos y mejorando la eficiencia operativa. Como eje estratégico, la IA impulsa administraciones sostenibles y orientadas al interés general. No obstante, su implementación plantea retos éticos y legales, como la protección de datos, la mitigación de sesgos y la asignación de responsabilidades jurídicas.