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Michel José Reymond
En su fallo histórico del 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dedujo a partir de la ley de protección de datos de Europa que los ciudadanos europeos tienen el derecho de eliminar resultados de búsqueda que muestren información desactualizada, como pasadas condenas y otras indiscreciones previas, que, a pesar de haber sido publicada legalmente, ahora es irrelevante de forma tal que puede perjudicar la privacidad.
Hoy en día, este llamado “derecho al olvido” se encuentra —en dos aspectos— en una encrucijada. En primer lugar, tras una disputa de varios años entre Google y la autoridad de protección de datos de Francia y la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés, el Consejo de Estado de Francia ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un fallo preliminar para proporcionar orientación muy necesaria sobre la implementación del derecho, en particular en términos de si la eliminación de resultados de búsqueda debería realizarse localmente en la Unión Europea o de manera global. En segundo lugar, la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos plantea el problema de si —y cómo— el “derecho al olvido” consagrado en su artículo 17 tendrá algún impacto sobre el modelo actual de implementación de la supresión en la Unión Europea. En efecto, esa provisión, al haber sido redactada antes de que el TJUE presentara su decisión sobre Google España, prevé un alcance mayor de aplicación que va más allá de los motores de búsqueda.
La presente contribución discute cómo cada uno de estos dos acontecimientos afectará el futuro del derecho al olvido en Europa. Observando que el modelo actual de implementación del derecho tras el caso de Google España —basado en ordenamientos privados individuales y en particular en los estándares y prácticas internos de Google— carece de medios de escalabilidad, el artículo concluye que cualquier expansión, ya sea de su alcance geográfico o material, podría llevar a una falla práctica. El autor propone un modelo alternativo de implementación, inspirado por los sistemas alternos de resolución de disputas existentes.
In its landmark ruling of May 13, 2014, the European Court of Justice deduced from European data protection law, a right for European citizens to remove search results which display information, such as spent convictions and other past indiscretions, which, even though lawfully published, has become out-dated or irrelevant in such a way as to harm the individual’s privacy.
Today, this so-called “Right to be Forgotten” stands—in two ways—at a crossroads. First, following a years-long dispute between Google and the French data protection authority, the Commission Nationale de l’Informatique et Libertés, the French Conseil d’Etat has asked the ECJ for a preliminary ruling to provide some much-needed guidance on the implementation of the right, and in particular whether removal of search results should be performed locally in the EU or in a global manner. Second, the entry into force of the General Data Protection Regulation raises the issue of whether and how the “Right to be Forgotten” contained in its Article 17 will impact the current implementation model for erasure in the European Union. Indeed, that provision, having been drafted before the ECJ rendered the Google Spain decision, foresees an expanded scope of application going beyond search engines.
The present contribution discusses how each of these two developments will affect the future of the Right to be Forgotten in Europe. Observing that the current implementation model of the right following Google Spain —based on individual private ordering and, in particular, on Google’s inhouse standards and practices—lacks means of scalability, the article concludes that any expansion of either its geographical or material scope could lead to a practical break-down. The author then proposes an alternate implementation model inspired by existing alternate dispute resolution systems.
