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Carolina Bellvís Artés, Candela González Simón, Sofia Vidal Ibáñez
El legislador, plenamente consciente del grave problema de indisciplina urbanística que se ha ido consolidando con el paso del tiempo —y que, en muchos casos, ha sido facilitado o, al menos, no adecuadamente combatido por la pasividad de las Administraciones públicas— decide intervenir y regular la situación.
Así, desde la promulgación de la Ley del Suelo del 12 de mayo de 1956 —que marca un hito fundamental en la normativa urbanística española— se consagra el principio de la acción pública urbanística. Este mecanismo permite a cualquier ciudadano, sin necesidad de demostrar un interés directo o personal, denunciar infracciones urbanísticas o exigir el cumplimiento de la legalidad en esta materia.
