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Tatiana Ordóñez Vásquez
El control fiscal es, en Colombia, una función pública que consiste en verificar la manera en que se manejan o administran los dineros públicos. Los funcionarios públicos y particulares en ejercicio de funciones públicas, o contratistas que manejen o administren recursos públicos, al hacerlo deben consultar los intereses públicos de manera transparen- te, de conformidad con los principios y la normatividad aplicables, protegiendo el patrimonio público, asegurándose que todas las actividades tecnológicas, legales y económicas, la adquisición, la planifica- ción, la conservación, la administración, la custodia, la explotación, la enajenación, el consumo, el gasto, la inversión se efectúen según los fines esenciales del Estado y conforme a los principios consti- tucionales y legales, tales como la legalidad, la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad, la impar- cialidad, la moralidad, la transparencia, la publicidad y la evaluación de los costos ambientales. En Colombia las autoridades que ejercen el control fiscal son la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales y la Auditoría General de la República. Su función fiscalizadora permite poner en evidencia presuntos responsables fiscales que con su omisión o acción, dentro del concepto de ges- tión fiscal, han causado detrimento patrimonial, que una vez judicializados sean castigados y resarcido el daño causado al erario. No obstante existir en Colombia la figura sólida de la responsabilidad fiscal como acción legal orientada a recuperar el patrimonio público dañado, la Corte Constitucional como máxima autori- dad en temas constitucionales la ha convertido en una herramienta rota que impide la recupera- ción del patrimonio público dañado. Con la sentencia C-619 de 8 de agosto de 2002, la Corte Constitucional impuso al funcionario instructor del proceso de responsabilidad fiscal la necesidad de probar culpa grave para responsabilidad fiscalmente, en lugar de culpa leve que se equipara a la negligencia tal como estaba previsto originariamente por el legislador al expedir la Ley 610 de 2000. Esta decisión de la Corte trajo como resultado un obstáculo que impide la recuperación del patrimonio público dañado con culpa leve y en lugar de atacar la corrupción, es un anuncio de tolerancia frente a la impunidad.
Treasury responsibility in Colombia: A broken tool that impedes damaged public funds of being indemnified or compensated. Treasury control is, in Colombia, a civil service that consists of watching the way that public office holders manage or handle national or public funds. Public office holders, in fulfilling their official duties and responsibilities, shall make decisions consulting the public interests in a manner that will bear the closest public scrutiny, an obligation that goes by acting within the law. They have to proceed protecting the public funds, watching in all the technological, legal, and economic activities an adequate and correct acquisition, planning, conservation, administration, custody, exploitation, alienation, consumption, awarding, expense, investment and disposition of the public goods, according to the essential purposes of the State, and to the constitutional principles as legality, efficiency, economy, efficacy, equity, impartiality, morality, transparency, publicity and appraisal of the environmental costs. In Colombia the authorities that control the way others administrate public or national funds, are the Contraloría General de la República, the Contralorías Territoriales and Auditoría General de la República. Their comptrollership function gives public infringers away, so if they have caused damage or any detriment or commit a fail to do, they can be punished thru a fair administrative trial1 , and the public funds compensated. Neverthless exists in Colombia a strong legal action to recover damaged public patrimony, denominated “treasury responsibility”, the Corte Constitucional, top national authority in constitutional matters in Colombia has converted it, in a broken tool that somehow impedes damaged public funds compensated. With the judgment C-619 (august 8th of 2002) the Corte Constitucional imposed to administrative judge to proof gross negligence instead of culpa levis or negligence, to judge against responsibles for cause any proved fiscal damage to public funds. This decision brought as a result a legal obstacle that impedes damaged public funds of being compensated, and also instead of attacking the corruption, is sheltered the guilty deterioration of the public funds and also the tolerance of impunity.
