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A partir de la Constitución Política de 1991, todos los ámbitos de intervención del Estado han sido influenciados por la temática de los derechos fundamentales. En el área de la justicia penal, la necesi- dad es mucho más apremiante, debido a las acusaciones que frente a este sistema de justicia se hacen por intervenir violando, paradójicamente, aquellos bienes y derechos programados para su protección. Además, Colombia es parte del desconocimiento sistemático de ellos practicado en la región, tal como se evidenciara en la investigación realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde 1986. En esta investigación y en otras en las que personalmente he participado, se formulan objeciones serias al sistema penal y a su política criminal, tanto por defecto como por exceso.
