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Christian Felipe Betancur Soto, Alfonso Daza González
El presente artículo investigativo surge de la actividad analítica e interpretativa de los autores, la cual se centra en el estudio del proceso penal en el contexto colombiano, de las instituciones jurídicas y principios que integran al mismo. Se enfoca la temática de este documento en la necesidad de dar claridad sobre cómo opera el principio de congruencia en el derecho procesal penal, cuáles son los límites de la discrecionalidad que tienen las partes que integran el proceso, cual es el papel del juez respecto de las solicitudes que estos elaboran por medio de los mecanismos señalados en la norma, como lo es el escrito de imputación, el escrito de acusación y cuáles son los límites que tiene el juez en su rol de tercero imparcial de intervenir dentro del proceso para garantizar una calificación jurídica de los hechos que lleven a la verdad y la justicia. Tomando principal relevancia en el ejercicio de derechos y obligaciones por parte de las partes, los que pueden llegar a ser limitados por el juez, pudiendo generar escenarios de extralimitación arbitraria de las funciones que la ley le otorga y vulnerando inclusive los preceptos constitucionales, el debido proceso y la discrecionalidad que se le otorga al fiscal sobre el ejercicio de la acción penal.
This research article arises from the analytical and interpretative activity of the authors, through which it focuses mainly on the study of the functioning of the criminal process in the Colombian context, of the legal institutions and principles that integrate it.The theme of this document focuses on the need to clarify how the principle of congruence operates in criminal procedural law, what are the limits of the discretion of the parties involved in the process, what is the role of the judge with respect to the requests they make through the mechanisms indicated in the law, such as the indictment document, the accusation document, and what are the limits that the judge has in his role as an impartial third party to intervene in the process to ensure a legal qualification of the facts that lead to truth and justice. The main relevance is how the exercise of rights and obligations by the parties can be limited by the judge, which can generate scenarios of arbitrary overreach of the functions granted by law and even violating constitutional precepts such as due process and the discretion granted to the prosecutor on the exercise of criminal action.
