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José Ignacio Vial Barros
Chile y España contienen en sus respectivas constituciones disposiciones que establecen una obligación para el Estado de proteger el ambiente, pero mientras en Chile tal protección constituye una garantía fundamental amparada por una acción especial, en España se trata de un principio rector del orden económico y social. Esta diferencia ha sido fundamental, constituyendo en Chile la acción de garantías fundamentales un verdadero contencioso ambiental, tanto en materia de evaluación de impacto como de fiscalización ambiental, con una nutrida, pero a la vez oscilante, jurisprudencia. Por su parte, al ser en España un principio en los términos señalados, no puede ampararse por alguna acción especial, sin perjuicio de algunos casos aislados resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Chile and Spain include provisions in their respective constitutions that establish an obligation for the State to protect the environment. However, while in Chile such protection constitutes a fundamental right guaranteed by a special action, in Spain it is considered a guiding principle of the economic and social order. This distinction has been crucial, as in Chile, the action for the protection of fundamental rights has evolved into a genuine environmental dispute mechanism, both around environmental impact assessment and environmental oversight, with a significant yet fluctuating body of case law. In contrast, in Spain, being a principle as described, it cannot be protected by any special action, notwithstanding some isolated cases resolved by the European Court of Human Rights
