Las normativas actuales deben adaptarse para abordar los desafíos de la inteligencia artificial (IA) en las Administraciones públicas, debiendo asegurar la transparencia y responsabilidad en las decisiones automatizadas. La protección de datos y privacidad será de suma importancia cumpliendo con normativas como el RGPD. Es esencial prevenir la discriminación y sesgos en los sistemas de IA para promover la equidad y la igualdad. La seguridad y la supervisión humana serán claves. En definitiva, un marco de gobernanza claro y supervisión adecuada garantizarán que la IA beneficie a la sociedad en su conjunto.