Acceso usuarios
Leonel Gonzalez Postigo
El uso de la videoconferencia en el proceso penal, en el marco de la pandemia por COVID-19, puso en tensión la materialización de los principios que informan el debido proceso. Los sistemas de justicia debieron adaptarse rápidamente para seguir brindando los servicios de justicia en aquellas causas consideradas urgentes. Luego, y en virtud de la duración de la pandemia, debieron adoptar nuevas medidas que permitieran seguir con el conocimiento de casos. Una vez terminada la crisis sanitaria y los estados de calamidad decretados, los sistemas de justicia continuaron con el uso de la videoconferencia y dictaron nuevas normas para su utilización. Sin embargo, se ha detectado que estas normas se aplican de un modo discrecional por parte de los tribunales y no existe claridad sobre los criterios para el uso de la videoconferencia. Este estudio realiza un análisis de tres países representativos de América Latina y extrae información que permite abordar cuatro interrogantes: (1) ¿cómo reaccionaron los sistemas de justicia penal ante la contingencia del COVID-19?; (2) ¿qué discusiones se dieron alrededor de los principios de inmediación, contradicción y publicidad?; (3) ¿cómo está regulada actualmente la virtualidad?; y (4) ¿qué criterios podrían orientar su uso?
The use of videoconferencing in criminal proceedings, in the context of the COVID-19 pandemic, put a strain on the materialization of the principles that inform due process. Justice systems had to adapt quickly to continue to provide justice services in cases deemed urgent. Then, due to the duration of the pandemic, they had to adopt new measures to continue handling cases. Once the health crisis and states of calamity were overcome, the justice systems continued with the use of videoconferencing and issued new rules for its use. However, it has been detected that these norms are applied in a discretionary manner by the courts and there is no clarity on the criteria for the use of videoconferencing. This study analyzes three representative Latin American countries and extracts information to address four questions: (1) how did the criminal justice systems react to the COVID-19 contingency?; (2) what were the discussions of the principles of immediacy, contradiction and publicity?; (3) how is virtuality currently regulated?; and (4) what criteria could guide its use?
