En la Jurisdicción Social y en el ámbito de los procedimientos de Seguridad Social, la incapacidad permanente es la prestación contributiva que presenta un mayor índice de litigiosidad. Aunque estaba prevista una lista de enfermedades para crear un sistema de aplicación automática que dotara de seguridad jurídica al sistema, ésta no se ha desarrollado, dejando la evaluación en manos de la doctrina de los tribunales. En este contexto, la importancia de las pruebas documentales, testificales y periciales cobra especial significado. A su análisis se dedica el presente artículo.