Isaac Ibáñez García
La Comisión Europea, como ha indicado el Defensor del Pueblo Europeo, «parece tener un miedo extremo a permitir que los ciudadanos de la UE ejerzan su derecho a criticar o tratar de influir en la toma de decisiones. Esto se manifiesta en una tendencia a recurrir a excepciones para no facilitar documentos y se da mucho menos peso a ese otro parámetro: si existe un interés público superior en la divulgación».
Asimismo, el Defensor del Pueblo viene criticando con la mayor firmeza el retraso significativo de la Comisión en responder a las solicitudes de acceso a sus documentos, subrayando que el incumplimiento de los plazos establecidos por el legislador en el Reglamento 1049/2001 no puede considerarse una buena administración.